MÉXICO -- México dio el paso final para eliminar los cargos penales para los indocumentados que se encuentren en el país.

El presidente Felipe Calderón promulgó la reforma a la ley de población que desaparece las penas de prisión de entre 18 meses y 10 años que se estipulaban, y sólo mantiene las multas para los inmigrantes que se internen o permanezcan sin papeles al país.

Con la publicación el lunes del decreto de promulgación, las modificaciones entrarán en vigor el martes.

La medida "da cuenta muy claramente de una plena consciencia no solamente por parte del gobierno, sino también entre los legisladores, de que ahí hay un tema que era necesario atender", comentó la canciller mexicana Patricia Espinosa desde El Salvador, donde se encuentra en visita oficial.

"Estamos muy satisfechos de que finalmente esta reforma a la ley se haya podido aprobar y que ahora ya pueda entrar en vigor plenamente", señaló.

Al ser consultada sobre cómo se va a aplicar la ley para aquéllos indocumentados que no lleven dinero para pagar la multa, Espinosa respondió que "en lo que se refiere a estos casos específicos habrá que ver de manera muy puntual caso por caso cual es la situación de la persona, pero la intención es que los ciudadanos puedan regresar a sus lugares de origen en las mejores condiciones posibles".

La reforma, que cambia o deroga los artículos en los que se advertía de cárcel, señala que los indocumentados recibirán multas de entre 1.016 pesos (unos 100 dólares) y 5.084 pesos (unos 500 dólares) según sea la falta como internarse nuevamente pese a haber sido expulsado o contraer matrimonio con un mexicano sólo para poder radicar en el país.

Aunque estaba en la ley, las penas de prisión rara vez eran aplicadas y los indocumentados simplemente eran deportados.

La migración ilegal en México está compuesta mayoritariamente por centroamericanos que buscan cruzar el país rumbo a Estados Unidos.

Estadísticas del Instituto Nacional de Migración señalan que en 2007 fueron detenidos 51.700 indocumentados, el 44,4% de los cuales eran hondureños y 28,9% guatemaltecos.

Entre enero y mayo de 2008 el número de indocumentados detenidos llegó a 20.899, también en su mayoría de Honduras y Guatemala.